El Falcon 
Bildu y Unidas Podemos continúan su ofensiva contra Ferrovial, después de que la constructora anunciara a finales de febrero su mudanza de España a Países Bajos. Ambas formaciones intentan empujar en la normativa del Congreso para sancionar a las empresas que salen de España viejas y así intentar evitar nuevas deslocalizaciones como la de la empresa de Rafael del Pino. En el caso del partido separatista basco, piden que se impida que las empresas que hayan recibido fondos del Estado no puedan abanadonar España.
Así las cosas, mañana se debatirá en la Cámara Baja una proposición no de ley (PNL) con el que Bildu pretende impulsar una legislación «para impedir la deslocalización de empresas que hayan obtenido financiación pública». La principal medida propuesta es que las empresas que han recibido fondos, ayudas públicas y subvenciones no pueden salir del país hasta los últimos 5 años de la última financiación pública obtenida.
Del mismo modo, desde Bildu exigen que se elabore, desarrolle y apruebe la legislación necesaria para que en caso de ayuda de delocalización de empresas, estas estén sujetas a la obligación de devolver la financiación obtenida de fondos y/o publicaciones otorgadas por las diferentes administraciones en, al menos, los ultimos 10 años, además de que se seguren los puestos de trabajo en caso de deslocalización.
La formación independentista lanza esta propuesta para entender que «las instituciones públicas están obligadas a arbitrar a los medios de comunicación para hacer frente a las consecuencias de estas situaciones de deslocalización generacional en nuestro tejido económico». Y pone como ejemplo el reciente anuncio de Ferrovial.
Proposición de ley de Podemos
Desde Unidas Podemos, muy crítica con la constructora desde el anuncio del traspaso, suben la apuesta y han elaborado una propuesta de ley para evitar nuevas salidas de empresas del tejido económico español.
El ala morada del Gobierno solicita la modificación de la Ley General de Subvencionespara que se obligue a las empresas a reintegrar las ayudas recibidas en el caso de que estas incurran en «la delocalización de una sociedad de capital, industria o unidad productiva, y/o el transfero de su domicilio social o fiscal a otro Estado, dentro de los 10 años posteriores a la concesión de una subvención» cuando se trate de fondos que hayan servido «para fomentar el desarrollo o mantenimiento de actividades estratégicas, o la realización de inversiones de carácter industrial, o para la internacionalización, la mejora de la competitividad, la digitalización o para el mantenimiento de la actividad económica».
En las ultimas semanas, los ataques vertidos a Ferrovial desde Unidas Podemos han sido una constante. De hecho, la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, pidió a principios de mes a sus socios de Gobierno que obligaran a la constructora a «retornar hasta el último euro que murieran los españoles», en línea con la propuesta de Ley.
