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La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha ratificado este miércoles en Gran Canaria el primer tratado intergubernamental para permitir a las fuerzas policiales y de seguridad acceder a datos personales en poder de empresas privadas. La organización supranacional recuerda que su objetivo es «salvar la intimidad y otros derechos humanos» pero su publicación ha estado rodeada de polémica por acusaciones que se han negociado a puerta cerrada y que es supervisión pública.
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Así lo ha denunciado el Consejo Consultivo de la Sociedad Civil y de la Información de la OCDE (CSISAC, por sus siglas en inglés), que ha publicado un comunicado alertando de lo sucedido. “Vimos una versión incompleta del texto con la que teníamos preocupaciones importantes, pero nunca recibimos el documento final por adelantado, no invitamos a las personas a proporcionar comentarios bajo el embargo”, reveló.
“No hemos tenido tiempo de revisar por completo el documento final, pero muchos de los problemas siguen ahí”, advirtieron en conversación con este medio Pamela Dixon y Carmela Botero, integrantes del CSISAC y responsables de la ONG World Privacy Forum y Fundación Karisma, respectivamente. . “No hay una correcta separación de poderes y no se protege correctamente la libertad de expresión”, denuncia.
No hay una correcta separación de poderes ni una correcta protección de la libertad de expresión
Pamela Dixon y Carolina Botero
— CISAC
Ambos especialistas destacan que es la primera vez que la OCDE baja la persiana a la sociedad civil en sus negociaciones. «La supresión de la voz de la sociedad civil en uno de los proyectos más delicados e importantes de la OCDE sienta un peligroso precedente», se queja el comunicado oficial de CSISAC, formado por múltiples organizaciones de defensa de los derechos humanos y expertos individuales.
El secretario general de la OCDE ha evitado referirse a esa expulsión de la sociedad civil de las negociaciones del tratado. “En última instancia, el trabajo para finalizar esta declaración se realizó a través de nuestro Comité de Política de Economía Digital, con representantes de todos los gobiernos y la Unión Europea. Todos esos gobiernos, por supuesto, también colaboran con la sociedad civil y otras partes interesadas, según proceda”, ha manifestado Mathias Cormann tras ser quentado por elDiario.es sobre esta pregunta en rueda de prensa.
Interceptar datos internacionales
El acuerdo se centra en cómo pueden interceptar los flujos de datos personales transfronterizos las fuerzas de seguridad de los 38 países de la OCDE. La organización destaca que la falta de un marco común para la actuación de la policía en este campo estaba causando problemas en las transferencias internacionales de datos, que considera «fundamentales para la transformación digital de la economía mundial». Un ejemplo de esta situación es entre la UE y la UE, donde el Tribunal de Justicia de la UE ha anulado en dos ocasiones el pacto de transferencia de datos por la capacidad que otorgaba a las agencias de seguridad americanas para acceder a los datos de los europeos sin judicial control.
EEUU ha sido uno de los países que han presentado las conclusiones del pacto, junto con Japón, Dinamarca y España. “Es el resultado de un esfuerzo extraordinario de profesionales de la seguridad junto con expertos en privacidad”, destacó Nathaniel Fick, embajador de ciberseguridad y política digital de la UE. “Esta Declaración detalla cómo las democracias protegen los derechos individuales en el contexto del acceso del gobierno a datos privados”, resumió: “Fomentará la confianza entre los gobiernos, las empresas y la sociedad civil. Así que manos a la obra para ponerla en práctica”.
Fomentará la confianza entre los gobiernos, las empresas y la sociedad civil. Asi que manos a la obra para ponerla en practica
nathaniel fick
— embajador para la ciberseguridad y politica digital de EEUU
Ana Sánchez Hernández, subsecretaria de Justicia, también ha defendido la necesidad de aprobar un tratado tal y como se presentó este miércoles. “Vivimos en un mundo globalizado en el que las amenazas que sufrimos desde las democracias consolidadas son comunes, todos las compartimos y todos las necesitamos para garantizar la seguridad de nuestros ciudadanos”, expresó.
Dixon y Botero, del CSISAC, recalcan que otro de los peligros del acuerdo y de que este no incluye las suficate protectas para los ciudadanos trasciendan las fronteras de la OCDE. “La OCDE es un club de países ricos que cuentan con sociedades civiles fuertes que pueden protestar. Pero muchos países del Sur Global tomarán este documento y con la excusa de que viene de una organización como la OCDE, lo usarán para hacer un copy-paste y rebajar la protección de los derechos humanos”, lamentan.
elDiario.es ha preguntado también por su posicionado respecto al tratado a las dos principales patronales tecnológicas españolas, Adigital y DigitalES, pero ninguna se ha posicionado de manera oficial.
La cumbre sobre economía digital de la OCDE en Gran Canaria finalizará este jueves tras reunir a más de medio centenar de delegaciones de otros tantos países. Es la primera vez que se celebra en Europa y uno de sus principales focos es aumentar el flujo de datos transfronterizos, que la organización calcula que aportarán 11.000 millones de dólares al PIB mundial en 2025.
