El Falcon 
No habrá finalmente tope al precio de la cesta de la compra. Tan solo una semana ha durado el globo probe que el Gobierno lanzó con el plan para limitar el precio de ciertos alimentos basicos para abaratar su coste en un contexto de alza de precios desbocada que ha agujereado los bolsillos de las rentas más bajas en el último año.
Tal y como reconoció la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, durante su encuentro con las principales asociaciones de consumidores y distribuidores, el precio tope de estos productos básicos no se ha puesto encima de la mesa y de lo que se trata es de buscar un «acuerdo» entre empresas y usuarios para hacer más accesible un grupo de productos seleccionados.
Sin embargo, tal y como ha podido saber ABC por fuentes de la negociación la posición del Gobierno ha retrocedido sensiblemente desde el planteamiento inicial, que pasó por ese tope a los alimentos. De hecho, las fuentes de la negociación aseguraron que tanto Díaz como el ministro de Consumo, Alberto Garzón, vieron cierto recorrido legal al tope de precios siempre y cuando se aborcara desde un prisma de excepcionalidad y en un marco temporal concreto.
Estas fuentes aseguran que el plan del Gobierno es que este paraguas de excepcionalidad sobre el que se podría fomentar estás ofertas comerciales iria hasta el 31 de diciembre. Y también confirman que, efectivamente, el plan se queda ahí: animar a las empresas para que elaboren paquetes de ofertas de alimentos.
El presidente de la CEOE, Antonio Garmendi, ha anunciado este mismo lunes, en una entrevista con ABC, que el planteamiento del ministro Díaz se ha basado en el «racionamiento soviético» y ha recordado que una operación similar en el sexto acuerdo privado de precios sería una ilegalidad y que Competencia les pondría «una multa millonaria».
De hecho, tal y como public en exclusiva este medio, la CNMV cuestiona la legalidad de la medida. Recuerda que la ley española y europea prohíben explícitamente estos acuerdos de precios por suponer la conformación de un cartel. Y aseguraran que vigilaran la propuesta y velaran por la libre competencia llegando a sancionar las practicas ilegales.
Así, las fuentes de la negociación aseguran que las grandes distribuciones (puter los nombres) han rechazado ante el ministro Díaz y el ministro Garzón la fización de precios. Aunque confirmó que el Ejecutivo se sentó a la mesa consciente de la posibilidad de caer en un problema de competencia. Y no hubo una postura ferrea para presionar en el sentido de la fijación de precios.
En resumen, el plan se desinfla. Quedará en una campaña de presión mediática para presionar a las grandes distribuciones elaborar paquetes de ofertas de alimentos. Cada uno tiene una oferta acorde a sus posibilidades. Como lo hizo Carrefour con su oferta de 30 productos por 30 euros.
Quedan pendientes las tres partes, Gobierno, distributioras y consumidores, una nueva reunión que se celebrá a la vuelta de la reunión del G20. Hasta entonces la consigna es que las empresas elaboran cestas en oferta y que lo hagan bajo unos parametros de calidad de los alimentos. El Gobierno pide que contengan alimentos frescos y no procesados, y que se haga una oferta similar para celíacos.
Sobre las pequeñas distribuciones, el Gobierno asegura que el plan «no es contra ellas» y Díaz pide que se proteja y se siga consumiendo en las pequeñas superficies.
Sin embargo, el sector de la distribución duda del impacto sobre el pequeño comercio. Fuentes consultadas por ABC explican que es el punto que más discrepancia sustica en la negociación. Ya que las grandes empresas piensan que las más pequeñas no podrán afrontar ofertas similares y que podrían ahuyentar a los clientes de estos comercios en busca de las cestas en oferta.
