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El Gobierno obligará a Ferrovial, Telefónica, Indra, Repsol y ACS a renovar con mujeres en sus ayuntamientos

El Gobierno obligará a Ferrovial, Telefónica, Indra, Repsol y ACS a renovar con mujeres en sus ayuntamientos

El proyecto de ley de paridad que Pedro Sánchez ha anunciado este sábado en Madrid, en vísperas del 8 de marzo, tendrá sus consecuencias en una parte significativa de las principales empresas del país, que deberán adaptar sus consejos de administración a esta reforma durante los próximos meses. Una de las empresas afectadas es Ferrovial, en el punto de mira del presidente del Gobierno y sus ministros esta semana por la decisión de trasladar su sede a Holanda, que cuenta con un 30% de presencia femenina. Pero no es la única entre las grandes cotizadas donde el papel de mujeres es menor.

El listón que pretende fijar el Gobierno en la norma que se apruebe en primera vuelta en el consejo de ministros del próximo martes es del 40%, como mímino, de presencia femenina en los consejos de administración. Una nueva regulación que será de aplicación a todas las sociedades cotizadas a partir del 1 de julio de 2024. Es decir, las grandes empresas tardarán prácticamente un año y cuatro meses en adaptar sus máximos órganos de dirección. La normatrá supondrá modificar la ley de sociedades de capital y de la ley de los mercados de valores y de los servicios de inversión, explica el Ejecutivo.

Entre las sociedades cotizadas que deberán renovar su consejo de administración durante los próximos meses también se encuentran Telefónica, Repsol, El Banco Sabadell, Acciona, Indra, ACS, Naturgy o Sacyr, por citar algunas de las empresas con mayores niveles de capitalización .

En el consejo de administracion

Una de las empresas afectadas es Ferrovial, que cuenta con un 30% de presencia femenina

Se trata de grandes compañías donde la paridad en sus máximos órganos es aún una asignatura pendiente. Tal y como destaca el XI Informe de Mujeres en los Consejos del Ibex 35 y la VI Radiografía del Mercado Continuo, elaborado anualmente por la agencia Atrevia y el IESE, la media de mujeres consejeras se encuentra en este momento en el 32%. Y eso pese a que en los ultimos años los majos de las empresas han avanzado. En cuanto a las presidencias, el 91,43% de las empresas cotizadas en la Bolsa española sigue siendo todava terreno masculino.

Hay, incluso, algunas empresas que no cuentan con consecuencias. Es el caso de Berkeley Energía, Borges, Nextil, Nyesa, Pescanova y Urbas. En el lado opuesto se sitúa Cellnex, con un 54,54% de mujeres en su consejo de administración, así como Redeia y Realia, ambas con la mitad.


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El Gobierno contemplará en su anteproyecto de ley de paridad que esa cuota se implementará, a modo de recomendación, también en los comités de dirección. Las compañías «velarán por que esta composición concurra también en la alta dirección de la empresa», explica el Ejecutivo. Este es un terreno en el que aún queda más por repetir. Los comités ejecutivos siguen siendo inaccesibles [para las mujeres], incluida en el Ibex 35 donde solo hay un 15,47% de mujeres en puestos de alta dirección. Está claro que algo está pasando y no es una evolución natural”, aconsejaba esta semana Asunción Soriano, consejera delegada de Atrevia España.

Recomendación en el anteproyecto

Las compañías «velarán por que esta composición concurra en la alta dirección»

La exigencia de disponer de, al menos, el 40% de los puestos en consejos de administración ocupados por mujeres proviene de una directiva europea aprobada en 2022 que los 27 países del club comunitario aceptaron implantar tras años de discusiones internas. El Gobierno de Pedro Sánchez lo defendió en 2018, cuando ocupaba el poder ejecutivo en solitario, una norma para disponer de puestos directivos compartidos en grandes empresas. Pero nunca se ha llegado a un ejecutor.

La paridad en los consejos afectará también a las entidades consideradas, según la ley de auditoría de cuentas, de interés público cuando su número medio de empleados en el ejercicio sea superior a 250, cuando la importación neta del número anual de empresas sea superior a 50 millones de euros o el total de sus activos por encima de 43 millones. Estos organismos tendrán un período de adaptación hasta el 30 de junio de 2026.

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