El Falcon 
El aumento de los precios de los materiales de construcción y de los costes energéticos y la crisis de abastecimiento están demostrando que los contratistas empiezan a abandonar las obras y otro tipo de proyectos públicos, según fuentes del sector de la construcción.
Ya hay ejemplos, básicamente entre las Administraciones Locales, donde en algunos casos Tragsa tiene otra forma pública de aceptar los contratos. De igual forma, el contexto actual está afectando la velocidad de ejecución de muchos otros contratos, y en algunos casos la consecución de la virtualidad. Además, está comenzando a cumplir con ofertas abandonadas, en las que no participa ninguna empresa por la incertidumbre que implica la falta de una cláusula de revisión de precios. Además, hay casos en los que las empresas ganadoras se han desistido del contrato incluso antes de que lo iniciaran y han asumido las sanciones correspondientes.
Así, la obra pública se encuentra ante su tormenta perfecta, lo que provoca un frenazo en los planes de inversión y desarrollo de infraestructuras de las Administraciones Públicas. Los fondos europeos para la recuperación están en pleno apogeo, cuya ejecución se debe, al menos en parte, a esta situación.
Todavía hay muchas entidades públicas que no incluyen revisiones de precios en sus documentos de contratación
Meses atrás, el Gobierno comenzó a implementar revisiones de precios para nuevos contratos en algunas de sus empresas públicas. Esto lo hizo el mayor postor de España, el administrador de infraestructuras ferroviarias Adif. También fue abordado por otras entidades locales, como la Junta de Castilla-La Mancha. Recientemente se ha implantado en una de sus ofertas más relevantes, el nuevo Hospital de Puertollano, en la provincia de Ciudad Real, con un presupuesto de 136 millones de euros.
Pero todavía hay muchas entidades públicas que no incluyen las revisiones de precios en sus pliegos de condiciones, lo que se traduce en la acumulación de ofertas que quedan abandonadas durante unos meses. La Federación Nacional de Construcción (NFQ), que preparó un informe para verificarlo, lo describirá hoy. Hay tantas incertidumbres que algunos concesionarios han abandonado los contratos incluso antes de que comenzaran. Así ocurrió, por ejemplo, con ACS y Ascán, que el pasado otoño se acogió al contrato del Gobierno de Cantabria para construir el tramo final entre la S-10 y la S-30.
La principal batalla de las constructoras se centra ahora en que el Gobierno dé solución a las miles de obras en marcha y en proceso de levantar los materiales de construcción en un entorno, además, donde la inflación supera el 6%.
Los abandonos actualmente se refieren a contratos de tamaño limitado con entidades locales
La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ya había esperado hace unos meses que el Ejecutivo trabajara en fórmulas legales para solucionar el problema. Su número dos, la secretaria de Estado de Transportes Isabel Pardo de Vera, dijo posteriormente a finales de noviembre que “esta particular amenaza al cumplimiento de los hitos del Plan de Recuperación nos ha obligado a indemnizar por activar los mecanismos de compensación que tenemos. cierre en Gobierno teniendo en cuenta toda la situación económica y considerando posibles escenarios en los próximos meses. Sin embargo, en el período previo a enero, estos mecanismos aún no están aprobados y los reglamentos para su desarrollo aún están pendientes en los Ministerios de Hacienda y Economía, según informaron fuentes del sector.
El desenlace del caso ha sido parar o, al menos, ralentizar las obras, según informan diversas fuentes empresariales, aunque la patronal del sector se niega a indicar qué contratos en concreto se ven afectados.
Redunda en imprudencia
Crecen las tensiones financieras para las empresas, por lo que el sector busca una solución del Gobierno. No en vano, según fuentes del sector, ya hay una serie de contratos que se han abandonado en los últimos años por la incapacidad de las empresas contratantes para hacer frente a los sobrecostes. Circunstancias en las que aquellos proyectos ya adjudicados a bajas en frontera dan lugar a una temeridad, que tradicionalmente en algunos casos ha conducido en ocasiones al abandono -como es el caso de muchos contratos de servicios, como los de limpieza de aseos públicos-. Hasta la fecha, las mismas fuentes apuntan a que corresponden mayoritariamente a proyectos de alcance limitado y corresponden a Administraciones Locales, como Autonomía, Diputaciones o Consistorios. En algunos casos, aunque de forma insignificante, en caso de incumplimiento de contrato, la entidad pública en cuestión se apoya en Tragsa como medio de pedido propio.
El peso de los pedidos para Tragsa derivados de proyectos abandonados o licitaciones abandonadas era del 6% de su cartera total hasta junio de 2021, frente al 2% de 2020, aunque inferior a la media de los seis del año pasado, es decir, situado en el 8%. De hecho, desde la empresa pública declaran que «el número de pedidos derivados del abandono es igual a cualquier año», al menos hasta ahora.
Para los proyectos más relevantes por tamaño, el músculo financiero de las empresas que los ejecutan, hasta el momento, les permite recurrir a alternativas, antes de abandonarlos, como demandas administrativas.
Ofertas hasta 80%
La oferta pública acumulada entre enero y noviembre de 2021 ascendió a 21.032 millones de euros, un 80,3% más que en el mismo periodo de 2020, año muy afectado por la pandemia, según datos difundidos por Seopan. Esta es también una cantidad que supera con creces los registros de 2019, con un aumento del 28,1%.
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