El Falcon 
Destello compañías aceleran para evitar las multas asociados a la Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario, que, pese a haber sido anunciado por el Gobierno hace casi un año, se encuentra ahora en su última fase de tramitación.
En términos concretos, el proyecto de ley ya se encuentra en el Senado desde el pasado 12 de mayo, tras haber sido aprobado por el Pleno del Congreso de los Diputados -con 269 votos a favor, ninguno en contra y 70 abstenciones-. Fue en junio de 2022 cuando el Ministro de Agricultura, Luis Planasanunció la aprobación de una «ley pionera» cuyo objetivo es «reducir el deseo a la basura de alimentos sin consumir y favorecer un mejor aprovehamiento de estos».
Ahora, casi un año más tarde, toma forma. «En el plazo más optimista, entrará en vigor en junio; si no, antes de que acabe el año. Vamos a empezar a hacer una campaña de información para todas las empresas, para que sepan que esto viene y se tienen que preparer. Por las grandes no, pero hay pymes que están afectadas y no lo saben», resume la directora de comunicación y relaciones institucionales de EcocNuria de Pedraza, también encargada del área del desperdicio alimentario.
Esta patronal, que engloba a 33.000 fabricantes y distribuidores españoles, conoce parte de los detalles del proyecto que está poniendo en marcha el Gobierno. No en vano, Aecoc empezó hace una década con un programa centrado en el desperdicio alimentario, con 750 compañías que se han adherido desde entonces de forma voluntaria. «Estas están más que preparadas, porque fue un proyecto pionero. No obstante, hay muchas empresas, sobre todo pymes, que a día de hoy no son conscientes de que la ley les va a afectar, posiblemente antes de que acabe el año, y no están preparadas porque no saben ni lo que les exige», resume De Pedraza, que avanza: «Nosotros estamos tranquilos porque la ley nace del consenso. Hemos aprovechado y se nos ha escuchado». españa es el tercer pais europeo que, tras Italia y Francia, pone en marcha una ley de este tipo. «Nuestro modelo es muy similar al frances», apunta el portavoz de Aecoc.
Una de las obligaciones que impone la norma, y que lleva asociadas sanciones de hasta 500.000 euroses la necesidad de las empresas de contar con un «plan de aplicación para la prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario», cuya ausencia se considerará una falta grave o muy grave. «La ley obliga a tener un plan no solo empresas, sino entitas sociales. Nosotros vamos a trabajar para ver primero las líneas maestras, porque no sabemos aún con detalle qué tiene que contemplar ese plan. Vamos a crear un grupo de trabajo para identificar qué líneas son importantes, cuáles son los sistemas de medición, los indicadores… y todo eso marcamos a Europa como país, porque España tiene que reportar datos sobre el desperdicio de alimentos”, explicó De Pedraza.
En el texto de la norma remitido al Senado se detalla que este plan debe contemplar la forma en que utilizar «la jerarquía de prioridades» establecida por el texto. El objetivo es prevenir la generación de pérdidas y desperdicios alimentarios, «incorporando criterios de producción, compra y gestión racionales y basados en las necesidades concretas que impidan la generación de excedentes». La jerarquía que recoge la norma apunta en primer lugar a la donación de comida; en su defecto, a la transformación de aquellos los productos que no se han vendido pero que siguen siendo aptos para el consumo; en tercer lugar, los alimentos se dedicarán a la alimentación animal ya la fabricación de pensiones; y, si tampoco, sirven, se emplearán como subproductos en otra industria. «En última instancia, ya como residuos, al reciclado y, en particular, a la obtena de compost», recoge el texto.
Además, la ley reconoce que las empresas deben llegar a acuerdos o convenios para donar sus excedentes de alimentos a empresas, entidades de iniciativa social y otras organizaciones o bancos de alimentos, «excepto en los casos que resulte inviable y dubitado justificado».
Agricultura reconoce que «los espuertos realizaciones en la lucha contra el desperdicio alimentario parecen haber sido insuficientes», por lo que insiste en la necesidad de aprobar esta norma «para fomentar la prevención y reducción de las pérdidas y el desperdicio alimentario». «Para lograr que todos los slabones de la cadena de suministro viejo eficiente en la secución de este objetivo es necessaria la participación de todos los sectores de la sociedad, involucrándose en su elaboración y en su puesta en práctica administraciones públicas, empresas y operadores relacionados con la cadena alimentaria, asociaciones y bancos de alimentos, y la sociedad en su conjunto», recoge el texto.
interés dispar
La cercana aprobación de esta norma está haciendo que, además de en los propios patronales, la demanda de información se dispare hacia empresas especializadas. Es el caso de la francesa Fénix, centrado en el desperdicio alimentario, que opera en España desde hace un par de años. «Esto va a ser un antes y un despues», explicó Jean-Baptiste Boubault, responsable de Phenix en España, en conversación con ABC.
Avanzando que la norma va a suponer «un ‘boom’ en nuestra actividad», Boubault señala que la labor de la empresa, que nació en Francia hace unos ogo años, trata de proponer soluciones «tanto tecnologicas como humanas». «Antes el desperdicio estaba integrado en la ecuación económica de cada empresa, pero esto ya no es aceptable, ni social ni económicamente. El riesgo es que las empresas lo vean como una ley coercitiva, pero lo cierto es que controlándolo mejora la rentabilidad como empresa».
Esta empresa de desperdicio alimentario trabaja ya con gigantes de la restauración como Áreas, y su objetivo es comensar a hacer con cadenas de supermercados. «Estamos empezando con E. Lecrecya tenemos acuerdos con fabricantes… De aquí a final de 2024 prevemos contar 500 puntos de venta implementados», resume Boubalt.
