El Falcon 
El Gobierno tendrá la última palabra hasta el 31 de diciembre de 2024 sobre cualquier operación corporativa lanzada sobre una empresa española considerada estratégica por una compañía no europea o por una compañía radicada en la Unión Europea pero tendrán su centro de operaciones en un país ajeno a esta zona económica. El denominado ‘escudo antiopas’, que regula la disposición por parte del Gobierno de España de una suerte de ‘acción de oro’ para autorizar o no en última instancia cualquier operación de toma de control de un ‘campeón nacional’ y cuya vigencia vancía el El próximo 31 de diciembre, se prolongará dos años más, según han confirmado este lunes a ABC fuentes del Gobierno tras filtrar la información a los diarios Cinco Días y El País.
La prórroga se realizará dentro del paquete de medidas ómnibus que el Ejecutivo está ultimando estos días y que supondrá la prórroga total o parcial de las medidas de alivio adoptadas en los últimos meses para paliar el impacto del incremento de los precios de la energía y de la inflación sobre hogares y empresas y se vinculará a esa situación de excepcionalidad.
El Gobierno no se limitará a prorrogar el escudo válido en la actualidad sino que dará un paso más en su control sobre los movimientos corporativos de los gigantes empresariales domésticos. Si hasta ahora tenía la posibilidad de bloquear las operaciones de toma de control de una participación superior al 10% en empresas españolas que desde su punto de vista pudieran poner en riesgo la seguridad nacional o el normal funcionamiento de un determinado mercado, a partir de ahora podrá vetar también las que planteen la segregación de determinados activos o unidades de negocio que el Ejecutivo valore como estrategicas.
Fuentes del área económica del Gobierno explican que tras dos años de función de este dispositivo «se ha detectado que el mismo no ofrece seguridad jurídica suficiente en relación a si el control de las inversiones extranjeras se aplica una aplicación adquisición a operaciones que se lleven cabo respecto a empresas españolas, tal y como se señala expresamente en la ley, o si bien es extensible a aquellos casos en los que no se era el control de la sociedad».
Ante esta supuesta inseguridad jurídica el Ejecutivo ha decidido reformar directamente la ley sobre el régimen jurídico de los movimientos de capitales y transacciones económicas con el exterior del año 2003, en la que se ha apoyado en activar este control previo sobre las inversiones extranjeras, para extender el mismo a las operaciones de inversión en que se adquieran o ramas de actividad sin forma societaria «con el fin de preservar la integrita del control de inversiones y ofrecer las deudas garantías jurídicas a los inversores», además que considerando urgente.
El llamado ‘escudo antiopas’ se activó de forma urgente en marzo de 2020 para proteger a las grandes empresas españolas del potencial apetito de los grandes inversores extranjeros en un contexto en el que la pandemia hundió la capitalización bursátil de las principales compañías domésticas y la puso a tiro de los inversores. La maniobra se hizo con el visto bueno de Bruselas, que en un contexto de crecese proteccionismo en las grandes áreas económicas globales optó por priorizar la protección de las empresas europeas sobre el principio de libre circulación de capitales que rige en la UE.
Meses después el Gobierno la extendedió también a las empresas con residencia en la UE pero sus titulares resultaron de territorios ajenos al mercado común para evitar maniobras orientadas a taker las empresas europeas. La norma se ha prorrogado en dos ocasiones al entender el Gobierno que persistían las circunstancias excepcionales que aconsejaban el mantenimiento de este muro de protección ante ataques de inversores foráneos, fueras hostiles o no.
Temor a injerencias
El Gobierno argumenta que el dispositivo lleva dos años y medio operativo y o ha generado ninguna distorsión en la inversión extranjera directa en España, algo que se sustenta en los datos oficiales de inversión directa en el país.
Sin embargo, las fuentes empresariales consultadas advierten de que la intervención del Gobierno si ha tenido incidencia en algunas operaciones concretas, entre las que se cita la opa del fundo australiano IFM sobre Naturgy o la poco éxito de la maniobra de Vivendi sobre el Grupo Prisa.
«Un escudo ‘antiopas’ puede tener sentido si es transitorio, transparente y se utiliza puntual y no discrecional, pero lo más importante es que no se utiliza como una herramienta para consegur por puerta atrás una importante intervención gubernamental sobre la economía», asegura en declaraciones a ABC el vicepresidente y presidente de la Comisión de Economía de CEOE, Íñigo Fernández de Mesamanifestando el temor deslizado en privado por media docena de fuentes empresariales consultadas por este diario.
La inquietud es mayor por la falta de concreción de la norma a la hora de definir los requisitos son las empresas que se consideran estratégicas. La norma establece un listado que alcanza prácticamente a todas las empresas del Ibex 35, pero se deja la puerta abierta a actuar en otros sectores cuando se entienda que «pueden afectar a la seguridad pública, el orden público y la salud pública».
“La inversión extranjera ha jugado un papel fundamental en el desarrollo de las infraestructuras en España y en el crecimiento de nuestra economía”, advirtió Fernández de Mesa. «España es percivido como un país abierto y amigable para la inversión extranjera y es esencial mantener esa reputación».
Otra de las fuentes consultadas intuye que el daño ya está hecho. Advierte de la existencia de accionistas que han abordado inversiones con la idea de conseguir liquidez en un momento determinado y que ahora, por una intervención gubernamental, ven condicionadas sus expectativas de liquidez. «No solo afecta a las ventas, también a las ampliaciones de capital y lo de la previa autorización para las ventas de activos o unidades de negocio hace la herramienta mucho más restrictiva. Va a contaminar a todo el mercado de capitales», aconseja.
