«Las grandes empresas son los chivos expiatorios de los fallos en política económica»

—¿Qué es el Foro de Mercado Libre y cuáles son sus objetivos?

—Foro Mercado Libre es un ‘think tank’ que defiende y promueve el desarrollo de una economía de mercado competitiva en Europa, impulsada por instituciones sólidas, estables y democráticas, para velar por el bien común y dar respuesta a los retos estratégicos y sociales a los que se enfrenta la sociedad europea del siglo xxi. Surge en un contexto de creciente e ingenioso intervencionismo estatal, que puede aplastar la iniciativa privada.

—¿El entorno actual en la UE es propicio para el desarrollo de la actividad empresarial?

—La UE proporciona un marco relativamente flexible y hay muchas diferencias entre países miembros, con regulaciones y restricciones muy heterogéneas. Aunque las regulaciones europeas son mejorables, la responsabilidad última es de los Estados, que deben ser capacidades de proporcionar a sus empresas un entorno para desarrollar su actividad, prosperar y contribuir al bien común.

—¿Y en el caso concreto de España?

—Se está produciendo una excesiva enjerencia pública en el mercado, un fenómeno nada nuevo en términos históricos. Veníamos de una economía muy intervenida durante el franquismo, que luego experimentó con varios aceites liberalizadores y transformadores (empezaron en los 60, acabaron en los 90), que no supusieron un gran esfuerzo político porque teníamos a Europa como objetivo y referencia. y sabíamos a dónde queríamos ir ir como país En los últimos años esto ya no está tan claro.

Aunque sí se aprobaron algunas pequeñas reformas en los primeros años de la década pasada, fueron forzadas por la crisis y nuestras dificultadesos financiaras. No estábamos realmente conquentes, ni siquiera parécia estarlo el Gobierno de Rajoy. Y las cosas han ido a peor. Con el actual Gobierno hemos retrocedido en muchas dimensiones, en parte por las respuestas a la crisis que desató la pandemia y la guerra en Ucrania, que también sirvió de excusa para intervenir en el mercado, porque muchas medidas no protegieron la relación con él.

—¿Podría poner algún ejemplo de este intervencionismo?

—Del que afecta a sectores específicos, destacaría la ‘Ley riders’, que ha frenado en seco un seco muy dinámico, el de la distribución a domicilio, que, además, permitió integrá con rapide a un gran número de inmigrantes. Pero también se han producido ataques a practica todas las grandes empresas, que se han convertido en chivos expiatorios de los fallos en la política económica. Ha sucedido así en muchos sectores, principalmente el energético o el bancario, y también en la gran distribución, acusada de ser responsable de la inflación, fenómeno que está fundamentale asociado a la expansión monetaria necesaria para financiar un gasto público desmesurado.

Las nuevas normas de ‘disclosure’ o ‘reporting’ no financiero y de ‘compliance’ formal son otros ejemplos de este intervencionismo crecense que afecta a todas las empresas, como sucede con los continuos aumentos de las cargas sociales. Acabamos de hacer una reforma que vuelve a aumentarlas para mantener el poder adquisitivo de las pensiones. Un impuesto, en definitiva al empleo que, además, permanena invisible al trabajador porque lo paga a través de la empresa. Que el país con más paro de la UE siga aumenta los impuestos al trabajo es muy insensato.

Nos estamos engañando, porque, a pesar de la reciente subida de cotizaciones, esta seudo reforma de las pensiones contiene una cláusula de salvaguarda que debiere activarse ya mismo para segurar, al menos en parte, su sostenibilidad, volviendo a subir cotizaciones o bajando las pensiones , como ha anunciado Fedea.

—¿Qualeas serán las consecuencias para la economía de esta injerencia pública?

—Una de las principales a corto plazo es la mala misalización de los recursos. Por ejemplo, muchos ciudadanos con estudios universitarios compiten por empleos públicos de baja calificación en busca de mayor estabilidad, hasta el extremo de que estamos conduciendo trenes con ingenieros de caminos o llenando de graduados universitarios las escalas básicas de los cuerpos de policía. Las empresas buscan los entornos que les resultan más atractivos y, ante todo, seguridad jurídica, que en España brilla por su ausencia. El caso de Ferrovial también es bastante significativo. Igualmente, muchos profesionales se están yendo a Portugal buscando un entorno fiscal más amable.

—¿Está preparado nuestro país para competir a escala global?

– La situación es ambigua. La lectura positiva es que tenemos empresas muy capaces de competir globalmente, líderes en sus respectivos sectores, como infraestructura, finanzas, energía y distribución comercial. La existencia de estas empresas nos dice que no hay un déficit de capacidad en la iniciativa empresarial. Y la evolución de las exportaciones es muy positiva. El problema viene por las potencialidades no realesadas. Una liberalización del entorno empresarial daría grandes e inmediatos frutos, como ocurrió con la liberalización de regañadientes de 2012, que tuvo efectos muy positivos en la evolución de la capacidad de nuestras empresas para competir en el exterior. Ahora hay que profundizar en este tipo de reformas.

—¿Hacia dónde deben ir encaminadas las reformas?

—Una de las reformas estructurales más importantes, pero también de alto costo político, sería una reforma fiscal que castigara más consumo y menos trabajo, ahorro e inversión. Es decir, lo contrario de lo que sucede ahora. Nuestros impuestos sobre el consumo son relativamente bajos. Teóricamente el IVA es del 21%, pero hay muchos servicios y productos de tipos inferiores. Es más, la lista de IVA reducido, superreducido o nulo se ha ampliado a raíz de la invasión de Ucrania y de la pandemia.

Tenemos unos impuestos muy elevados sobre el trabajo en un país que ostenta el record de desempleo en Europa. Sin embargo, ningún partido político propone ningún tipo de ajuste en esta línea porque esa preferencia social parece ser minoritaria. Quizá el ciudadano también debe hacer examen de conciencia.