“Es el primer acuerdo después de 42 años que revierte la tendencia de devaluación de los salarios y derechos laborales en nuestro país. Esta reforma hace que la página sea transitoria en España ”. Con estas palabras, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, presentó ayer la reforma laboral aprobada por el Consejo de Ministros y que entra en vigor, junto con la prórroga del salario mínimo de 965 euros, tras su publicación en el Boletín oficial del estado (BOE), prevista para mañana 30 de diciembre, aunque dejará tres meses para ajustar los contratos temporales.
El texto, acordado por los actores sociales el 23 de diciembre, establece que el contrato estándar en España es indefinido y que los contratos temporales permitidos por sustitución de un trabajador o por condiciones de volatilidad de la producción deben estar altamente motivados o reclamaciones, y no pueden exceder seis o doce meses, dependiendo de la base del contrato.
El texto de aprobación establece un plazo de tres meses para que las empresas adapten los contratos temporales existentes a la nueva legislación. Para los contratos de obras y servicios existentes, que se apartan totalmente de la legislación, el plazo es de seis meses.
La apuesta por acabar con la precariedad laboral se refleja también en una modificación de la Ley de Interacciones y Orden Social, donde las multas por abuso de la temporalidad oscilan entre 8.000 y 10.000 euros, y lo más importante, todos los casos las establecen como fraudulentas. , es decir, para todos los trabajadores en situación irregular, y no para todas las empresas, como ha sucedido hasta la fecha.
“Debemos dejar atrás la idea de que España debe competir a través de la devaluación salarial, debe hacerlo con trabajadores más calificados y más capital humano”, dijo el ministro de Inclusión, Migración y Seguridad Social, José Luis Escrivá, quien apareció junto a Yolanda Díaz en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
El Gobierno amplía el salario mínimo de 965 euros hasta que se negocie un nuevo aumento
Escrivá enfatizó que la nueva legislación laboral también enfatiza la formación para romper el desajuste entre las necesidades del mercado laboral y la formación de los trabajadores. El desajuste era «un déficit permanente en España», dijo.
La reforma incluye incentivos a la formación y estipula que el expediente de regulación del empleo temporal (ERTE) debe utilizarse durante los periodos de inactividad para formar y actualizar la formación de los trabajadores.
Porque las ERTE, tras su éxito en la última crisis, se están incorporando como medida de flexibilidad en la legislación ordinaria «para proteger los ingresos salariales y el marco productivo», en palabras de la ministra de Seguridad Social. Son mecanismos estructurales, conocidos como Mecanismo de Flexibilidad RED, y pueden aplicarse en dos tipos de circunstancias. Por un lado, en determinadas situaciones macroeconómicas, y por otro, en sectores sujetos a los requisitos de transferencia y recalificación de su personal. Pueden operar por un período de un año extendiéndose a otro en dos prórrogas consecutivas.
Otro de los grandes logros de esta reforma es uno de los puntos más dañinos de la que el PP permitió refugiarse en 2012, que fue la reducción de los derechos laborales de negociación de los trabajadores. A partir de este jueves, se está restableciendo la ultra funcionalidad de los acuerdos por tiempo limitado, dejando más espacio para la negociación. Además, se recupera el predominio del convenio sectorial relativo al predominio de la empresa, aunque solo en materia salarial. Este convenio sectorial regirá, a su vez, las relaciones con los trabajadores de contratistas y subcontratistas.
En definitiva, una serie de medidas señaladas por el vicepresidente Díaz «ha causado estupor en Europa, porque es el primer acuerdo que restituye los derechos de los trabajadores y no los impone». Aunque todavía es pronto para cantar la victoria final. El proceso no ha sido aprobado por el Congreso de los Diputados en esta reforma, y no parece un camino de rosas según la primera reacción de fuerzas respaldadas por el Gobierno, como Esquerra o Bildu, que ya han pedido un cambio. En este sentido, el Ministro de Trabajo pidió respeto. «No hemos estado negociando durante esos nueve meses, la profesión es mantener este texto», reiteró. Díaz recordó que el contenido del acuerdo es discutido y negociado ampliamente entre las partes. «Cada oración, cada coma, cada subordinado».
«Será muy difícil no decir una norma que mejore la vida de las personas», enfatiza Yolanda Díaz.
El vicepresidente reconoció que sería más fácil diseñar una norma unilateral, pero argumentó explícitamente que el acuerdo iría a tres personas para garantizar su «durabilidad» y dar tranquilidad a empresarios y trabajadores. Sin embargo, expresó su compromiso con el diálogo, «con especial atención y cariño» a las fuerzas que apoyaron al Gobierno a lo largo de la legislación. Pero advirtió: «Será muy difícil no decirlo con una calidad que mejore la vida de las personas».