El Falcon 
En su reacción a la DANA, el Ministerio de Trabajo ha actuado siempre en dos frentes. Uno es la protección de empresas y trabajadores con los ERTE por fuerza mayor, los permisos retribuidos no recuperables y otras ayudas; y el segundo, con advertencias repetidas a los empresas de que no pueden forzar a los trabajadores a acudir al puesto de trabajo si corre riesgo su integridad.
En este sentido, si primero fueron repetidas declaraciones de la ministra Yolanda Díaz, ahora se acompañan de 80 expedientes abiertos por Inspección de Trabajo a empresas para examinar si han quebrado la legalidad obligando a sus trabajadores a correr riesgos durante las alertas roja y naranja.
Son unas 80 denuncias formales y notificaciones las que han llegado hasta el momento al Buzón de la Inspección de Trabajo y que ahora se están examinando. «Voy a ser muy claro: nadie puede jugarse la vida acudiendo a trabajar. Nadie puede poner en riesgo su salud, ni con una orden empresarial, ni sin ella”, ha afirmado el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, en una comparecencia esta mañana después de la reunión del comité de crisis por la DANA.
Los ERTE ya protegen a 1.200 empresas y 16.000 trabajadores
Además, también ha insistido que los salvoconductos para servicios esenciales emitidos por la Generalitat valenciana no sirven. En este terreno, la competencia es exclusiva del Estado y mantiene que “frente a la protección de la seguridad y salud de los trabajadores, no hay salvoconducto que valga”. Por tanto, las empresas que utilicen estos permisos también van a estar sujetas a las inspecciones por incumplimiento de la normativa legal, y a las posibles sanciones pertinentes.
Por otro lado, en el flanco de protección del tejido productivo, Trabajo ha actualizado la cifra de acogidos a los ERTE por causa mayor, que ya son 1.191 empresas y 16.007 trabajadores. Estos ERTE se han aplicado de manera automática, porque ya son una opción siempre disponible desde la aprobación de la reforma laboral; y en este caso, se han añadido otras medidas, como los permisos retribuidos, la recuperación del plan Mecuida, además de un plan de 50 millones de euros destinado a contratar desempleados para participar en las labores de reconstrucción de los municipios. Precisamente, el lunes, la ministra Díaz viajará a Valencia, a los municipios afectados, para evaluarla utilización de esta contratación.
